LA SALUD COMO NEGOCIO MUNDIAL

La monumental crisis financiera de 2009 en EEUU no existió para el laboratorio Pzifer, con sede en Brooklyn, New York, que adquirió a su competidor Wyeth-Upjohn-Parke Davis mediante un depósito de 6 mil millones de dólares en efectivo con el fin de convertirse en la mayor multinacional de la salud. Esto sucedía mientras el gobierno norteamericano emitía 900 mil millones de dólares para eliminar el rojo de los balances bancarios.

Pfizer viene acumulando desde hace años ganancias astronómicas mediante la manipulación global de las enfermedades y los medicamentos: desde los ansiolíticos para combatir la bipolaridad a la impotencia masculina convertida por arte de magia mediática y la manipulación estadística en disfunción eréctil.

En 2007, Nigeria denunció que ese laboratorio había realizado ensayos clínicos con personas afectadas por una epidemia de meningitis que se declarara en este país en 1996. Según denunciaron las autoridades y que reprodujo el Washington Post, esas pruebas se realizaron sin el consentimiento del gobierno y sin informar a las personas que estaban utilizándose medicamentos no homologados para su distribución, y a raíz de ellos murieron 11 niños y otros 200 sufrieron graves malformaciones físicas y mentales.

Lo sucedido en Nigeria inspiró al novelista John Le Carré para escribir El Jardinero Fiel, luego llevada al cine. En la película, la farmacéutica incriminada en el asesinato de una ciudadana británica tiene un logo reconocible: el del paralelogramo de los laboratorios Roche (Hoffman-La Roche) de origen suizo, que para la misma época agitaba en todo el mundo el fantasma de la gripe aviar, y que en la ficción de Le Carré es Three bees.
Roche hizo fortunas con el Valium.

Como se sabe, a raíz del terror global que produjeron los alertas de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre la gripe H1N1 o porcina, todos los gobiernos adquirieron dosis masivas del retroviral Tamiflu para prevenir una pandemia que nunca se producirá. Roche es dueño de su patente y único fabricante mundial. 

El secretario de Defensa de George Bush, Donald Rumsfeld, era el titular del laboratorio Gilead Sciences que vendió a Roche la patente del Tamiflu (oseltamivir, basado en el principio activo de un vegetal, el anís estrellado) y fue también quien plantó las pruebas falsas sobre armas de destrucción masiva que “legalizaron” la invasión a Irak y su posterior destrucción hasta los cimientos.

El poder de las farmacéuticas multinacionales pone nuevamente sobre el tapete la necesidad de que los Estados Nacionales controlen los protocolos de investigación para que no se vuelvan a producir tragedias como las de Nigeria.

La Argentina no es inmune a esa administración global del terror, de la que los medios concentrados son su correa de trasmisión. Algo parecido ha sucedido aquí con el laboratorio GlaxoSmithKline según denunció el 8 de enero pasado el periodista Francisco Yofre en Miradas al Sur:

GlaxoSmithKline, el laboratorio multado por cometer graves irregularidades en ensayos clínicos con pibes para producir una vacuna, tiene un extenso prontuario. Sus antecedentes penales incluyen denuncias y condenas en Puerto Rico, Estados Unidos, Italia, Alemania, Hungría, Inglaterra, Nueva Zelandia, México. Y la lista sigue. Sanciones que, sin embargo, son cosquillas patrimoniales para un Goliat que nació en el año 2000, producto de la fusión entre las firmas Glaxo Wellcome, poderosa en el rubro químico, y SmithKline Beecham, potencia mundial en el campo de la genética.
Según revistas especializadas en medicina y ciencia, factura por año 27,2 mil millones de dólares. El 84% del total de sus ventas son medicamentos de prescripción y tiene una participación en el mercado mundial del 6,9% en este tipo de remedios. Recorrer el planeta observando su trayectoria demuestra hasta qué punto la firma asume sus errores con la misma lógica que los ejércitos militares aceptan los “daños colaterales” de sus intervenciones.

Un país, una condena. La última multa que recibió GSK fue hace dos meses. La firma acordó en los tribunales de Nueva York pagar tres mil millones de dólares para cerrar tres juicios que le había iniciado el gobierno de Estados Unidos. El periodista Alberto Ferrari, que investiga de cerca al laboratorio, detalla que “esa denuncia surgió por la ilícita comercialización de los antidepresivos Paxil y Wellbutrin y un medicamento contra la diabetes llamado Avandia. Durante el proceso judicial se demostró que los tres remedios provocaban convulsiones y ataques cardiovasculares desde 1999”. El Senado de Estados Unidos, en noviembre de 2010, hizo público un informe que vinculó el consumo de Avandia con decenas de infartos y acusó a Glaxo de “intento de intimidación” a los médicos y ocultamiento de datos sobre los efectos adversos. Por entonces, el medicamento todavía estaba a la venta.
El informe consignó que “Glaxo sabía de la posibilidad cierta de riesgos cardíacos asociados a Avandia” y que sus directivos “desarrollaron estrategias para restarle importancia a los datos que indicaban que Avandia incrementaba el riesgo cardiovascular”. La Food and Drug Administration (FDA), autoridad de control sanitario de Estados Unidos, había ordenado en 2007 un estudio de la Rosiglitazona, la droga base de Avandia, y pese a que un comité de especialistas confirmó que aumentaba el riesgo de infarto, la FDA por 22 votos a favor contra uno, autorizó que se siguiera vendiendo. El informe de los senadores Max Baucus (demócrata) y Charles Grassley (republicano) de noviembre de 2010 confirmó los efectos negativos del medicamento de GSK luego de analizar más de 250 mil documentos. El escándalo de Avandia se había originado el 21 de mayo de 2007 cuando la revista The New England Journal of Medicinereveló que los pacientes que consumían este antidiabético tenían más riesgo de infarto. La denuncia fue avalada por el médico Steven Nissen de la clínica Cleveland. Nissen reveló ante el senado que fue presionado por cuatro directivos de Glaxo en los días previos a la aparición del artículo, para que retirara la denuncia. The New York Times publicó que la “apretada” fue el 10 de mayo de 2007 y reprodujo la versión completa de la reunión, pues el médico le cedió una grabación del encuentro. El periódico aseguró que Glaxo conocía de los efectos adversos desde 1999 y su estrategia fue ocultarlos. La publicación estimó que se podían haber salvado 304 vidas, si no se hubieran escondido los daños provocados por su consumo. Glaxo intentó por todos los medios descalificar las denuncias y en abril de 2010 difundió un estudio favorable a Avandia. Sin embargo, luego se supo que el 87% de los profesionales consultados tenía lazos comerciales con Glaxo, según reveló el diario The Independent, de Londres. La lógica de apretar a los denunciantes es un clásico de GSK. Este cronista pudo confirmar que, luego de las denuncias conocidas esta semana, algunas voces que se alzaron y escribieron sobre la firma, recibieron cartas documento intimidándolos. Esas personas optaron por no contestar las misivas de la empresa y por ello no quieren que se publiquen sus nombres.
En otro caso, la FDA ordenó en marzo de 2010 retirar del mercado la vacuna infantil Rotarix, también de Glaxo, causante de obstrucción intestinal, según una investigación iniciada en México, donde fue probada antes de ingresar al mercado estadounidense.
En Sudáfrica, durante 2001, junto con las multinacionales Aventis y Squibb, GSK presentó una demanda contra el gobierno de Nelson Mandela por violar el monopolio de las patentes y lanzar una campaña de genéricos contra el sida, para atender las necesidades de su población. Esa demanda finalmente fue retirada por la presión de varios países.
La multinacional inglesa también financió estudios violando las normas éticas en el hospital Nyiro Gyula de Budapest, Hungría, donde probó sin consentimiento de los pacientes la sustancia lamotrigina (medicamento para la epilepsia y la bipolaridad) con enfermos maníaco-depresivos, según denuncian los periodistas austríacos Klaus Wernery HansWeiss, en el Libro Negro de las Marcas-El lado oscuro de las empresas globales (publicado por editorial Sudamericana en 2003).
En Italia, una pesquisa realizada tuvo como resultado que 37 empleados de GSK entregaban dinero y regalos a médicos a cambio de recetar sus productos. La información, acallada por la multinacional con avisos publicitarios, sólo fue publicada por British Medical Journal y The Guardian, de Londres, el 13 de febrero de 2003. Entre los obsequios figuraban entradas para el Gran Premio de Fórmula Uno de Montecarlo y viajes al Caribe.
El recorrido lleva a Centroamérica, donde GSK pagó una multa de 750 millones de dólares por distribuir medicamentos contaminados en Puerto Rico. La denuncia ante la Justicia que originó esa investigación fue presentada por Cheryl Eckard, una ex ejecutiva de la multinacional a cargo del sector de control de calidad de la planta que fue despedida a causa de sus advertencias.
En 2002, Glaxo fue demandada en Gran Bretaña por los efectos adversos de su medicamento Zyban, una medicina para dejar de fumar que, según acreditan 10 mil denuncias, provocaba epilepsia, insomnio, depresión y graves problemas coronarios. El mismo medicamento fue vinculado en Alemania con intentos de suicidio y ataques cardíacos. También en Inglaterra, pero en 2003, se inició una investigación sobre el Paxil, al que se le adjudicó propiedades adictivas.
En junio de 2004, el procurador general del Estado de Nueva York, Eliot Spitzer, presentó una demanda por fraude reiterado contra el laboratorio por omitir información sobre los daños que podría provocar el Paxil. Glaxo negó las imputaciones pero meses después aceptó incluir una advertencia con un recuadro negro en los envases de su medicamento.
En marzo de 2007, el laboratorio fue condenado en Nueva Zelanda por publicidad engañosa de su medicamento Ribena.
Las denuncias que soporta Glaxo incluyen a Bolivia, Nigeria y la India. En cada rincón del globo, tiene una o varias demandas, todas con fallos adversos para la firma. En la Argentina también se consigue.

Made in San Fernando. El fallo del juez penal económico Marcelo Aguinsky del 29 de diciembre que ratifica la sanción impuesta a Glaxo por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) en 2008 va en sintonía con la conducta de GSK en todo el orbe. El apercibimiento es de 400 mil pesos para el laboratorio y de 300 mil para los dos médicos que encabezaron la investigación, Héctor Abate y Miguel Tregnaghi. El organismo de contralor detectó que muchos consentimientos otorgados por los padres de los 14.000 chicos que “pusieron el cuerpo” habían tenido –tienen– graves anomalías. Se firmaban los formularios de aceptación sin saber a ciencia cierta en qué consistían esos estudios. Tregnaghi cuenta con antecedentes en Córdoba por esta misma (in)conducta. Jorge Yabkowsky, denunciante en la causa que motivó el fallo de Aguinsky y miembro de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) relata ese caso de 2005: “Tregnaghi reclutaba gente para que se hiciera estudios en el Hospital de Niños de Córdoba a cambio de unos pocos pesos y prometerle una obra social. El entonces intendente Luis Juez lo expulsó del hospital. El médico se fue a Santiago del Estero, donde, al parecer, encontró permisividad para hacer lo mismo con una mecánica muy similar”. Miradas al Surintentó comunicarse con Tregnaghi pero no obtuvo respuesta.
Ante el currículum de GSK, cuya fábrica está situada en el norte del conurbano, cabe preguntarse si el Estado tiene herramientas para plantear reparos a las investigaciones que realizan estas firmas. La ausencia de una ley específica que regule estos ensayos clínicos delata la respuesta.